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Combate a la corrupción, pide Coparmex

El combate a la corrupción y a la impunidad debe ser un esfuerzo coordinado de los sectores público y privado, así como de los ciudadanos, coincidieron los diputados del PAN, Raymundo Guzmán Corroviñas y María Fernanda Rivera Sánchez, así como Leticia Mejía Martínez, del PRI, al recibir la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de México presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El diálogo y la apertura que se han mostrado en el Poder Legislativo mexiquense son esenciales para lograr un sistema ejemplar a nivel estatal y municipal, enfatizó Raymundo Guzmán, presidente de la Directiva de la 59 Legislatura mexiquense, al dar la bienvenida a la Biblioteca “Dr. José María Luis Mora”, a la delegación de Coparmex, ante la que se comprometió a integrar esta iniciativa al análisis legislativo.

Después de recibir la propuesta, junto al diputado Raymundo Guzmán, la diputada María Fernanda Rivera Sánchez, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción consideró importante hacer realidad en el ámbito local el sistema anticorrupción con los mayores beneficios para la ciudadanía.

La corrupción, dijo, es un problema que requiere respuestas estructurales, por lo quelos diputados trabajarán por una nueva cultura de transparencia y una auténtica rendición de cuentas, al tiempo de señalar que la participación ciudadana es fundamental para un verdadero estado democrático y que este sistema debe ser presidido por voces ciudadanas.

En su momento, la legisladora Leticia Mejía reconoció la contribución de Coparmex y señaló el firme compromiso de los diputados locales para trabajar de manera coordinada con la ciudadanía para crear un sistema sólido, buscando crear una cultura de la prevención a través de un trabajo integral.

Al entregar el documento, en presencia de los diputados del PAN, María Pérez López y Gerardo Pliego Santana, Arturo Beteta del Río, presidente del Centro Empresarial Metropolitano Estado de México, en representación de los tres centros empresariales de la entidad, dijo que la propuesta es que la ciudadanía presida y tenga capacidad de decisión en el sistema estatal anticorrupción.

Confió en que las autoridades les darán inclusión real a través del Consejo de Participación Ciudadana y de la Secretaría Técnica, y señaló que la corrupción tiene dos caras, la pública y la privada, por lo que también se comprometen a que se apliquen con el mismo rigor en ambos sectores, las implicaciones derivadas de esta ley.

Roberto Ehrman, vicepresidente de Políticas Públicas de la Comisión Nacional Anticorrupción de Coparmex, enfatizó que esta iniciativa es de ciudadanos e integrantes del Centro Patronal interesados en combatir la corrupción y generar un cambio en la cultura de los negocios y del ejercicio del gobierno, además de subrayar su disposición para colaborar con el Congreso local en el proceso de dictamen.

Dijo que después del “proceso de construcción de instituciones” se necesitarán hombres y mujeres con buenas intenciones, valentía y responsabilidad para poner alto a la corrupción, además de que buscan sentar las bases del parlamento abierto basado en la transparencia y la rendición de cuentas.

Arturo Beteta explicó que se calcula que la corrupción genera un costo de 10 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que Roberto Ehrman precisó que piden que el sistema sea presidido por un ciudadano que garantice probidad y capacidad.

En su momento, Javier Gilberto Sauza Martínez, presidente del Centro Patronal de Toluca; José Luis Grajales Calvillo, presidente de Coparmex Oriente; Edgar Castro Cid, presidente de la Comisión Anticorrupción Coparmex Metropolitano, y Pedro Carta Terrón, vicepresidente Nacional de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, señalaron que se debe poner alto a la corrupción y a la impunidad que incide en la inseguridad pública, destacaron avances en mejora regulatoria y que la ley que se apruebe debe imponer sanciones a quienes incurran en actos de corrupción.

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