Debemos defender la cultura del mundo: Jorge Sánchez Cordero

El pasado miércoles 18 de septiembre la casa de subastas Millon, con sede en Francia, puso a remate un lote de piezas precolombinas, en su mayoría procedentes del sur y sureste de México, pese a las gestiones hechas por la diplomacia mexicana ante el Ministerio de Justicia de aquel país y ante la Unesco para suspender la especulación del patrimonio.

De acuerdo con medios franceses, el presidente de la casa de subastas, Alexandre Millon, se congratuló luego de la venta —que recaudó 1.2 millones de euros— por la actitud de «serenidad» de las autoridades francesas, que no cedieron «a la presión de los medios de comunicación».

En contraparte, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez-Robledo, manifestó que el suceso «viola no sólo la ley mexicana sino también el derecho internacional». 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitió una recomendación a la empresa para aplazar la venta, a fin de aclarar a México la procedencia de los objetos, entre los que se encontraba una figura de la diosa de la fertilidad y de la tierra: Coatlicue —la cual es considerada una obra maestra del arte azteca, hallada «probablemente en un templo de la gran ciudad de Tenochtitlan», de acuerdo con el catálogo de venta de la casa de subastas.   

La infructuosidad de las diligencias diplomáticas realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México actualiza el debate acerca de la eficacia de los mecanismos internacionales de salvaguarda del patrimonio cultural, así como sobre la correspondencia entre las demandas de restitución de México y el entramado jurídico e institucional que las sustentan.     

Jorge Sánchez Cordero, abogado especialista en patrimonio cultural, integrante del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y mediador y conciliador de la Unesco para la reintegración de los bienes culturales a sus países de origen, opina que la acción de México en este episodio fue eminentemente simbólica ya que no tenía ningún instrumento jurídico para reclamar la repatriación de las piezas.

Para Sánchez Cordero, la intervención del gobierno de México es una acción “eminentemente simbólica: envía un mensaje a la comunidad internacional acerca de que milita fuertemente en contra del tráfico de bienes culturales”. Sin embargo, “desde el punto de vista jurídico no había posibilidades técnicas de que procediera la restitución de ese lote en concreto”. 

La Convención de la Unesco de 1970 sobre las Medidas que Deben de Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales privilegia únicamente la interlocución entre Estados, no entre Estados y particulares, y aboga por la vía diplomática, no por la contenciosa.     

En los términos de la Convención, una vez que los Estados se ponen de acuerdo y procede la restitución, sobreviene un conflicto entre el tercer adquiriente y el Estado reclamante o desposeído, que debe resolverse conforme a la legislación del Estado de destino, en este caso del francés, cuyo gobierno reaccionó en los términos de su propia ley interna, según la cual quien posea un bien es el legítimo dueño o titular del mismo, por lo que “en este caso no había nada que hacer; México no se podía oponer legalmente a ello”.     

Además, precisa Sánchez Cordero, México no consideraba indexados los bienes en cuestión, por lo que no podía abrir una controversia al no haber ratificado el Convenio Unesco-Unidroit de 1995, siendo su única vía de reclamación lo estipulado por el derecho francés, el cual admite la buena fe del particular en la posesión de un bien: “México debía demostrar que el bien o fue robado o fue ilícitamente exportado”.     

A decir del experto, en una situación hipotética favorable para México, el juez francés tendría que haber razonado lo siguiente: “Tú, tercer adquiriente, tienes la obligación de restituirle a un país llamado México, ya que, conforme a su legislación interna (la Ley Federal de Monumentos de 1972), se transgredió o se robaron esos bienes o fueron ilícitamente exportados”. 

En términos claros —explica Jorge Sánchez Cordero—, significaría que el juez francés estaría aplicando en su territorio una legislación mexicana, y los mexicanos tenemos que darnos cuenta de que la legislación mexicana tiene como límite nuestras fronteras.

amanecerweb

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