Evo Morales califica su inhabilitación como “atentado a la democracia”

El presidente depuesto de Bolivia Evo Morales apelará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar su candidatura como senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en representación del departamento de Cochabamba, su bastión político, al considerarla un «error jurídico».

«Esa inhabilitación es otro error jurídico, esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia», dijo Morales en conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina.

El TSE inhabilitó al mandatario depuesto, alegando incumplimiento con el requisito de residencia permanente.

El órgano electoral informó que el criterio de «residencia permanente» evalúa tres factores: el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; que ese lugar sea donde el candidato desarrolla su «proyecto de vida»; y por último, que exista una «residencia efectiva» en ese distrito.

Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los abogados de Morales, quien lo acompañó en la conferencia de prensa, alegó que «Evo Morales no está fuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de fuerza mayor, si se quedaba, lo mataban».

Señaló, además, que el organismo electoral se contradice, puesto que «candidatos que tienen la misma situación de Evo Morales son habilitados».

«El artículo 149 [derecho interno de la Constitución boliviana] dice que para ser miembro de la Asamblea hay que tener dos años de residencia inmediata. Pero el propio TSE, en una causa durante la gestión de Evo Morales (como presidente), dijo este es el principio general, tengamos en cuenta que si la persona por cuestiones legales o de fuerza mayor debe abandonar el país podía considerarse que la residencia había sido objeto de un proceso de intermitencia», explicó, por su parte, Raúl Ferreyra, otro de los abogados.

El jurista informó que le han aconsejado al mandatario depuesto «acudir a todas las instancias, para proteger sus derechos, aun sabiendo cuales son las directrices del Gobierno de facto boliviano».

En primer lugar, apelarán la decisión ante el Tribunal Constitucional en Bolivia y otras instancias nacionales, aunque tienen «poca confianza en eso», dijo Ferreyra.

Luego, sus abogados le recomendaron»que interponga todas las acciones y medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

amanecerweb

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