Gasto público e inversión privada, casi estancados

El gasto público se paralizó en el primer tramo de 2019, con el argumento de la corrupción heredada. Los empresarios no quisieron invertir. Colocación de primeras piedras sin estudios para sostener obras, amparos, consultas ciudadanas, cancelación de trabajos, recorte de recursos para otros y, al final, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que llegó al menos dos meses antes del documento que detallará el peso de los recursos públicos. Ese es el recuento de un año de la Cuarta Transformación (4T).

Con una necesidad de infraestructura mínima de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, el presupuesto del gobierno está comprometido en asuntos ineludibles, como deuda, salarios, pensiones y otras operaciones. Lo restante ha tenido como prioridad la política social –con la responsabilidad de dar cobertura al segundo país con más proporción de pobres en Latinoamérica–, mientras el paquete de obras pendientes se recarga en la iniciativa privada.

Las excepciones son los proyectos prioritarios para Andrés Manuel López Obrador, que esbozó desde su campaña electoral. Entre ellos, cancelar el aeropuerto de Texcoco y atender la demanda de pasajeros –que desborda la Ciudad de México– con la conversión de la base aérea militar de Santa Lucía en instalación comercial. En el ramo energético, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Dos proyectos más para el sureste mexicano, menos mediáticos pero que llevan decenas de licitaciones durante 2019, son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se financiarán con dinero privado. En el primero se busca explotar el turismo y una industria de carga en ferrocarril; en el segundo –en una de las zonas más pobres del país– se pretende crear una franja industrial que una el Pacífico y el Atlántico, como el Canal de Panamá.

En ninguno de los cuatro anteriores es central la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La dependencia fue dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, con sobrecostos hasta de 200 por ciento en las principales obras del sexenio pasado y que quedaron sin terminar. No hay nada firme sobre cargos por el manejo financiero y político, pero el encargado de investigar lavado de dinero y recursos para financiar el terrorismo ha dicho que ahí no dejaron piedra sin labrar.

Ahora la SCT es territorio libre de corrupción, asegura su nuevo titular, Javier Jiménez Espriú. También está libre de las obras de gran perfil financiero. Proyectos carreteros, puertos y la coordinación en comunicaciones se encuentran sin fondos para levantar u operar infraestructura. La encomienda es terminar trabajos inconclusos y edificar caminos rurales, que dan empleo temporal. 

amanecerweb

amanecerweb

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *