Juez no debe dilatar para que Israel Vallarta sea liberado: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que Israel Vallarta tiene 16 años en reclusión sin sentencia, «cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años».

Encinas indicó que existe una recomendación emitida en abril pasado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que «se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico».

Ante esto el subsecretario de Gobernación llamó a erradicar la tortura «por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad». «Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad», señaló.

Sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, implicada en el caso Wallace, Encinas refirió que ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura, tanto en el penal de Santiaguito como lo fue en las Islas Marías.

«Ella lo ha solicitado recurrentemente; sin embargo, se pospone y se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, alegando el problema de la pandemia, pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas donde, en esta opinión 45/2020, exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto», dijo.

Sobre el caso de María Isabel San Agustín, indígena detenida en la alcaldía Milpa Alta, Encinas informó que desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro, y en 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul.

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