PGR hizo pacto ilegal con provedores de despensas CLAP

La Procuraduría General de la República, PGR, de la administración pasada, y las empresas mexicanas, que despacharon despensas al gobierno venezolano; a través de los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de ser testaferro de Nicolás Maduro; firmaron un Acuerdo Reparatorio Ilegal, que se concretó entre el 12 de octubre y 21 de noviembre de 2018, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.

El acuerdo consistió en entregar al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de 3 millones de dólares americanos, a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares,  los cuales “serían destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe” y en entregar mil 300 contenedores marítimos, que almacenaban alrededor de 2 millones de despensas.

La UIF, oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó cinco denuncias vinculadas a la red de despensas de Nicolás Maduro,  ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, y una fue precisamente por este acuerdo reparatorio.

La historia de este Acuerdo Reparatorio comenzó en junio de 2018, cuando la UIF denunció, ante la entonces PGR, encabezada por Alberto Elías Beltrán, a 14 empresas y personas físicas involucradas en la red de despensas CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción

El 18 de octubre de 2018, la PGR, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada (Seido), denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

Se presentó la denuncia con el folio:  DEN-UIF-40-2018 y los 14 sujetos señalados fueron: Group Grand Limited, SA de CV, empresa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab, recién detenido en el archipiélago africano; El Sardinero Es Servicio, SA de CV; Deshidratados Alimenticios e Industriales, SA de CV; Empresas Bonobox, SA de CV; Jaifar Comercial, SA de CV; Grupo Brandon, SA de CV; Rice & Beans Co, SA de CV; Productos Serel, SA de CV; 4 PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada; Asasi Food Free Zone Company; Group Grand Limited, Delmar Logística, SAPI de CV; Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

Cuatro meses después de esta denuncia interpuesta por la UIF ante la PGR, se llevó a cabo el congelamiento de cuentas relacionadas a estos 14 sujetos denunciados, en el mes de octubre.

Los señalamientos iban contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong tras la cual se escondían Saab y Pulido, la firma del mismo nombre que abrieron en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores a los que compraron los alimentos desde 2016, año en que se oficializó en Venezuela, el programa de los CLAP.

“Los imputados harán entrega al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de 3 millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos”.

Para ese momento Excélsior y Armando.Info ya habían revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited, mientras que la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había manifestado que dicha empresa “se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”. También se había documentado en un primer reportaje la mala calidad nutricional de los productos mexicanos incluidos en las cajas CLAP, especialmente en el caso de la leche en polvo.

“Sin embargo, sucedió un hecho insólito, los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares, y en lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación, TESOFE, como sucede en este tipo de casos, se fue a la ACNUR. Nosotros ya lo denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con Excélsior.

De acuerdo con información de la UIF y de empresarios mexicanos sancionados en octubre de 2018, fueron cuatro acuerdos reparatorios, en total, los que se establecieron.

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