Prueba de fuego para la independencia judicial en Edomex

El pasado 15 de octubre la Escuela Judicial del Estado de México lanzó una convocatoria para designar a diez magistrados. Este proceso de nombramiento, que no debería ser más que un trámite, ha puesto en evidencia el conflicto que existe entre el Poder Judicial y el Legislativo.

Para entender por qué, necesitamos describir el contexto local. En la gran mayoría de las entidades (24), las designaciones de magistrados son nombramientos eminentemente políticos, realizados por el Legislativo y/o el Ejecutivo.

El Estado de México, en cambio, tiene la particularidad de ser una de las ocho entidades donde los magistrados son designados con base en un concurso de oposición o examen de conocimiento y, de hecho, es la única donde el resultado de este concurso determina el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura, aunque éste luego tenga que ser aprobado por la Legislatura.

En general, el objetivo de los concursos de oposición consiste en fortalecer la independencia judicial y la calidad en la impartición de justicia a través de la elección de perfiles idóneos a la función. El Estado de México, que ha utilizado este proceso desde 1995, es pionero en la materia.

Así, el Consejo de la Judicatura del Estado de México y, en particular, su Escuela Judicial tienen una gran experiencia en los procesos de nombramiento de magistrados.

Sin embargo, en la convocatoria recientemente publicada se aplicaron por primera vez los criterios establecidos en una reforma presentada por diputados locales de Morena y aprobada en julio de 2019, la cual, entre otras modificaciones, instaura nuevos requisitos para ocupar el cargo.

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