Robo de combustible y estructura paralela en Pemex: cabos sueltos en la red de corrupción en México

Revelar los detalles de cómo operaba el tráfico de combustible dentro del Gobierno, y cómo se realizaban millonarias operaciones financieras en la estructura paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los puntos clave para ir al fondo en la red de corrupción donde Emilio Lozoya es una pieza central.

Una trama que ha sacudido a México, luego de que el exdirector de Pemex acusara al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray de encabezar una red de sobornos que inyectó dinero a las campañas electorales y pagó a legisladores (cinco senadores y un diputado) para aprobar reformas, como la energética y la electoral.

Por ello, el caso Lozoya es un asunto que podría derivar en un macroproceso judicial sin precedentes en México, de acuerdo con algunos de los periodistas que han investigado a fondo la corrupción de la red, que se extiende a administraciones anteriores e involucran a funcionarios y a otro expresidente, Felipe Calderón.

Un caso de corrupción que, a su vez, permite entender las conexiones con otros escándalos que han sacudido al país en la última década.

Actualmente, el exdirector de Pemex durante la administración de Peña Nieto enfrenta un proceso judicial por «dos casos de varios que existen», de acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero:

La compra de Agro Nitrogenados, una planta chatarra de fertilizante con sobreprecio de 250 millones de dólares. En este asunto está implicado el empresario Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México, quien se encuentra preso en España y en proceso de extradición.

Los sobornos de Odebrecht. Lozoya fue señalado por altos funcionarios de la constructora brasileña por haber recibido sobornos por al menos 10,5 millones de dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, a cambio de recibir contratos con beneficios para la empresa brasileña y que causaron un daño patrimonial a Pemex.

Sin embargo, existen una serie de casos que involucran a Lozoya y por los que todavía no se han presentado cargos, hasta donde han informado las autoridades, a pesar de que estos podrían develar una trama de corrupción más amplia.

Uno de ellos es la compra de Fertinal, otra planta chatarra de fertilizante con sobreprecio de alrededor de 193 millones de dólares.

Otro caso es la llamada Estafa Maestra, una red de corrupción mediante la que diversas secretarías de Estado desviaron 7.670 millones de pesos (343 millones de dólares) a través de contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasma. Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, la petrolera desvió 566 millones de pesos (25,3 millones de dólares) a través de este esquema, que ya ha sido auditado por autoridades mexicanas.

Sin embargo, todavía no ha sido imputado por estos delitos, a pesar de que por el mismo caso, está recluida en prisión Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Otro asunto por el que no se han presentado cargos, aunque ha aparecido en el caso Odebrecht, es la manera en que Pemex otorgó durante la gestión de Lozoya precios preferenciales para el suministro de gas a la constructora brasileña a través de la planta de Etileno XXI, causando un daño patrimonial de 1.900 millones de pesos (84,9 millones de dólares).

El caso de Etileno XXI es importante debido a que el contrato para dar privilegios a Odebrecht comenzó a gestarse desde la administración de Felipe Calderón. En la trama está implicado José Antonio Meade, quien, como secretario de Hacienda del exmandatario, avaló el proyecto en abril de 2011, a pesar de ser advertido por tres consejeros de la compañía del peligro que representaba dicho negocio para las finanzas públicas.

Posteriormente, Meade sería canciller y secretario de Desarrollo Social durante la administración de Peña Nieto.

El funcionario también fue señalado por la defensa de Rosario Robles de tener conocimiento de las operaciones vinculadas a la Estafa Maestra y no hacer nada para impedirlo. En 2018, Meade contendió como candidato presidencial del PRI a la Presidencia de México.

Durante su denuncia de hechos ante autoridades judiciales, Lozoya aseguró que el acuerdo de Etileno XXI, que se concretó bajo su mandato, comenzó a operarse durante la administración de Calderón, lo que implicaría al expresidente en el caso Odebrecht.

Antes de ser el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, Emilio Lozoya era parte del Consejo de Administración de OHL México, filial de la constructora española.

OHL fue una de las compañías más beneficiadas durante la administración de Peña Nieto (2012-2018), al igual que ocurrió cuando fue gobernador del Estado de México (2005-2011), la entidad más poblada del país.

Durante su gestión como gobernador, Peña impulsó la construcción de dos carreteras privadas para beneficio de OHL: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Un negocio que habría dejado ganancias por cerca de 150.000 millones de pesos (6.706 millones de dólares) a OHL, en complicidad con el Gobierno del Estado de México y en prejuicio de las finanzas estatales.

A raíz de una serie de operaciones irregulares, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México multó a OHL por cometer un fraude bursátil al alterar sus estados financieros.

De acuerdo con una denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral en 2017, una parte de las ganancias de OHL habrían sido inyectadas a campañas electorales. Las autoridades electorales nunca investigaron el caso a fondo.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, una filial de Odebrecht contrató a OHL para construir un tramo del gasoducto Los Ramones II, una de las obras de infraestructura más grandes del sector energético. Un asunto que vincula a las firmas brasileña y española, implicadas en una trama de corrupción que abarcaría prácticamente toda Iberoamérica.

Otras vínculos con España dentro de la red de corrupción de Lozoya tienen que ver con los negocios que realizó Pemex a través de sus filiales privadas en el país europeo, y que representaron pérdidas para la empresa paraestatal.

Tal es el caso de la adquisición del astillero en quiebra Hijos de J. Barrera, que representó pérdidas por 50 millones de euros para Pemex. Del mismo modo que la planta Etileno XXI, dicha compra comenzó en el sexenio de Calderón pero se concretó una vez que Lozoya fungió como director de la petrolera mexicana.

Otro negocio que vincula a Pemex con España es la compra y venta de acciones de la petrolera Repsol. Durante el mandato del expresidente Calderón, en 2011, Pemex adquirió acciones de Repsol, mismas que se devaluaron al año siguiente y eso provocó que de 2014 a 2017 la petrolera mexicana se deshiciera de dichas acciones, que en total representaron un daño patrimonial de 33.841 millones de pesos (1.514 millones de dólares).

Luego de las dos audiencias judiciales de Lozoya, el exdirector de Pemex presentó una denuncia de hechos en la que dijo haber recibido de Odebrecht una serie de sobornos por 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares), que ingresaron a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 para luego ser entregados a varios asesores electorales extranjeros.

«Tendríamos que saber ya, de una buena vez, y la Fiscalía está obligada a eso, a saber si al menos esta Presidencia fue comprada con recursos ilegales. Yo creo que lo que hemos visto de Lozoya es una pequeñita parte», señala Ignacio Rodríguez Reyna, periodista que, junto a su colega Alejandra Xanic, reveló un video con las declaraciones de altos directivos de Odebrecht ante la Justicia brasileña, en las cuales, afirmaron entregar sobornos millonarios a Lozoya.

«Los medios de comunicación recibían muchísimo dinero por fuera. Llegaban maletines a los medios de comunicación para pagar campañas. Eso lo hemos sabido desde hace muchos años y creo que debería quedar al final de una investigación exhaustiva, exhibir cómo se compró una Presidencia con muchísimos millones de pesos que se utilizaron para aceitar esta maquinaria».

Esta no es la única vez que el expresidente Peña ha sido señalado de orquestar una estructura de inyección ilegal de dinero a campañas electorales. Una de las primeras acusaciones ocurrió en 2012, con el caso Monex, a través del cual se habrían repartido más de 4.500 millones de pesos (201,3 millones de dólares) en tarjetas electrónicas para inducir la compra de votos, de acuerdo a una investigación de una comisión especial del Congreso creada para indagar el caso.

Otro caso de compra de votos es la llamada Operación Safiro, a través de la cual se documentó cómo se desviaron 650 millones de pesos (29 millones de dólares) de los Gobiernos estatales de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México y Morelos para financiamiento de campañas electorales del PRI a través de una red de empresas fantasma.

Un asunto que, de acuerdo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es el «corazón de la corrupción política en México», debido a que dicho esquema habría sido utilizado como el ‘modus operandi’ para comprar elecciones en todo el país. De 2010 a 2016, 11 gobernadores —como el veracruzano Javier Duarte, actualmente preso— saquearon a sus respectivos estados por un monto superior a los 307.000 millones de pesos (13.739 millones de dólares), de acuerdo con diversos procesos judiciales.

Lozoya también acusó a Peña Nieto y Videgaray de ordenarle pagar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) en sobornos para aprobar las reformas estructurales en 2013 y 2014, como la reforma energética. Este dinero fue destinado a un diputado y cinco senadores cuyos nombres no ha sido revelados.

Posteriormente, Lozoya afirmó haber recibido otros 200 millones de pesos (8,9 millones de dólares) para sobornar a legisladores para aprobar la reforma electoral.

Para ello, presentó ante la Justicia un video y varios recibos, cuyo contenido no ha sido dado a conocer.

«Este adelanto de que tiene videograbaciones de legisladores es una muestra de que no solamente va a hablar de Pemex, sino que va a ir más allá y la ola expansiva de lo que va a ir revelando puede tocar muchos más intereses de lo que hasta ahora tenemos en la mira», señala Nancy Flores, jefa de información de la revista Contralínea, quien durante años ha documentado el saqueo al interior de Pemex.

Sin embargo, todavía quedan varios cabos sueltos en torno a la red de corrupción que protegió a Lozoya.

Uno de ellos es la manera en que creció el robo de combustible durante la administración de Peña Nieto.

Entre los personajes que se encuentran involucrados en dicho delito, conocido como ‘huachicoleo’, han sido señalados el exsenador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien inyectó dinero ilegal a campañas electorales de 2000 durante el caso conocido como Pemexgate. Actualmente es investigado por lavado de dinero.

Otro personaje es el general Eduardo León Trawuitz, quien era escolta de Peña Nieto y también el encargado de vigilar los ductos de Pemex. Actualmente Trawuitz enfrenta cargos por delincuencia organizada por su presunta complicidad en la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Se trata de uno de los temas que podría abordar Lozoya como parte de su defensa a cambio de reducir las penas en su contra.

«Me parece que esta parte tiene que ver con el crimen organizado, pero también con una delincuencia que se orquestó desde dentro de Pemex», explica Flores. «El robo de combustible en las cantidades que se estaba dando al final del Gobierno de Peña era imposible que fuera a partir de las tomas clandestinas».

Durante la gestión de Peña Nieto, el robo de combustible pasó de 4.000 millones de barriles diarios en 2012 a 20 millones de barriles en 2018.

Sin embargo, esta cifra contempla únicamente las tomas clandestinas en ductos, pero no otros casos como el saqueo dentro de las mismas instalaciones de Pemex, incluyendo buques petroleros.

«El tráfico de combustible en altamar, en las plataformas petroleras que se extraían y en lo que llegaba al puerto, eso me parece monstruoso, porque estamos hablando de buques completos. Creo que habría que tener el ojo ahí», señala Rodríguez Reyna al hacer referencia a uno de los grandes asuntos pendientes de judicializar en el caso Lozoya.

De acuerdo con una investigación de Ana Lilia Pérez en Newsweek, 90 barcos han sido identificados como «buques sospechosos de trasiego de combustible», de manera ilegal.

Un millonario negocio cuyas pérdidas no han sido debidamente cuantificadas y que no podían ocurrir sin el aval de altos funcionarios de Gobierno.

El otro gran cabo suelto en la red de corrupción de Lozoya es la manera en que durante décadas ha operado una estructura paralela de filiales privadas al interior de Pemex, a través de la cual, se han realizado la gran mayoría de los negocios turbios de la paraestatal.

Esto sería posible debido a que Pemex cuenta con una serie de empresas de papel, conocidas como Grupo PMI, ubicadas en paraísos fiscales de Países Bajos, Irlanda y Delaware, a través de las cuales se realizan operaciones multimillonarias eludiendo los procesos de fiscalización.

«Hemos documentado perfectamente cómo Pemex constituyó una estructura empresarial paralela. Llegó a tener participación en 90 empresas, de las cuales 61 eran ciento por ciento de su propiedad. Todo esto sirve para un saqueo brutal. Los grandes negocios, Fertinal, Agro Nitrogenados, los astilleros, todos se hacen a partir de estas ‘holdings’ de Grupo PMI», explica Flores.

Tan solo dos de estas filiales privadas, PMI Holdings (que funciona como tesorería paralela con sede en Países Bajos) y PMI Trading (con sede en Irlanda, y encargada de realizar todas las transacciones de compraventa de hidrocarburos de Pemex), ocultaron 3.984 millones de dólares de 2013 a 2016, según documentos oficiales obtenidos en dichos países.

Un señalamiento que ha realizado de manera reiterada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno al manejo opaco y discrecional que realizan estas empresas privadas.

De 2008 a 2017, «las empresas privadas de PMI acumularon utilidades por 133.574 millones de pesos (5.973 millones de dólares), de los cuales únicamente se pagaron 26.665 millones de pesos (1.192 millones de dólares) a favor de Pemex, lo que permitió que el capital contable de las empresas de PMI se incrementara y que dichos recursos se utilizaran en la constitución de otras compañías, contrarrestar pérdidas financieras de sus empresas, así como financiar proyectos de inversión que han generado resultados adversos para Petróleos Mexicanos», según un informe reciente de la ASF.

De ahí que indagar a fondo la estructura paralela de Pemex, que comenzó a operar desde 1988, podría develar una trama de corrupción que involucraría a los últimos cinco expresidentes de México.

«Si se toca esta estructura paralela, nos puede llevar no solamente a Felipe Calderón y Peña Nieto, sino desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox», señala la periodista de Contralínea.

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