Se ha naturalizado el exterminio de las culturas indígenas

La discriminación hacia los pueblos indígenas en Colombia es notoria hasta la actualidad, quienes conforman estas comunidades están familiarizados con las frases despectivas como «indios robatierras, indios ladrones, haraganes que no trabajan, que no se bañan», dice Ferley Quintero Quinayaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

«A nosotros nos tratan de indios que no producimos, indios que solamente nos dedicamos a pedir y que hay que darles nada más lo que el Gobierno quiera y no como lo quieren los pueblos indígenas», comenta.

Quintero enfatiza que la discriminación que existe en Colombia hacia los pueblos indígenas —cuya población supera 1.900.000 personas (4,4 % de los habitantes del país), según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018— viene no solo desde quienes marcan distancia con las comunidades ancestrales, sino desde las propias autoridades.

«Siempre hemos estado ante unos gobiernos que han sido discriminatorios, racistas», dice el dirigente indígena y menciona que la reivindicación de derechos que ha logrado el movimiento, en todos los casos, «ha sido a la fuerza».

Hace algunas semanas hubo un escándalo, luego que saliera a la luz un audio de funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), en el cual se referían despectivamente a los pueblos indígenas.

En ese audio que, según el Ministerio del Interior, se grabódurante una sesión de la Comisión Mixta para el Desarrollo integral de la política pública indígena para el CRIC,uno de los funcionarios, concretamente, dice: «¿Qué tal esos hijueputas? (…) Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Malparidos. Yo ya odio a estos hijueputas. A veces pienso ‘qué mamera hacer un contrato con ellos el otro año’. Pirobos hijueputas».

«Yo creo que son términos que hieren, que marcan», sostiene Quintero, y señala que, tras esas declaraciones, tomaron la decisión de levantarse de la mesa de negociación que había entre el CRIC y el Gobierno nacional. «Son cosas que no se deben permitir, primero está la dignidad, está el respeto, y luego está lo demás», añade.

Para él, esos insultos no solo estaban dirigidos a los integrantes del CRIC, «sino también a las comunidades indígenas de toda Colombia». «No fue directamente a un pueblo, sino a todos los pueblos», insiste. Lo peor es que la andanada de improperios no fue solo durante cinco minutos, como se dio a conocer en los medios, sino que se prolongó por cuatro horas, en las que se pudieron «escuchar muchas cosas».

En mayo pasado también hubo otro escándalo, tras la circulación de un video de una entrevista que hizo el humorista y locutor Fabio Zuleta a Roberto Barroso, un presunto «palabrero» de la etnia indígena Wayúu, asentada en el extremo norte de Colombia, en la que conversaban sobre la «venta» de mujeres de este pueblo originario.

«¿Cuánto cuesta una chinita [joven wayúu] de 20, 22 años, así pa’ mí?», preguntó Zuleta. Barroso, quien se presentó como «palabrero» del corregimiento de Siapana, en el municipio de Uribia (departamento de La Guajira), le aseguró que por ser una persona conocida y a quien muchos admiran, se la podían vender en «5 millones de pesos» (1.324 dólares) y que la podía encontrar en «Uribia, Maicao, Riohacha, Cabo de La Vela, Media Luna».

El supuesto palabrero le decía que le vendería a una «majayura», es decir, a una jovencita.

Los dichos del locutor y el presunto palabrero indígena indignaron a las organizaciones de derechos humanos y, particularmente, a las mujeres wayúu de Colombia y Venezuela, puesto que esta etnia se asienta en ambos países.

«La mujer wayúu no se vende ni se regala […] el humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia», dijo Martha Peralta Epieyú, abogada y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en un video que publicó en sus redes sociales, en el que ella y otras mujeres de esta etnia respondieron a estos dos hombres.

Otro de los casos que ha conmocionado a Colombia es la violación de una niña indígena de 12 años, de la comunidad Embera Chamí, por parte de un grupo de siete soldados colombianos, de entre 18 y 21 años de edad.

El hecho ocurrió el domingo 21 de junio. La niña salió ese día de sus casa y no regresó. Al día siguiente fue encontrada sola y llorando cerca de un río, en el corregimiento Santa Cecilia, del municipio Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país.

«A la niña la violaron en la escuela Pío XXII del corregimiento de Santa Cecilia», precisó el gobernador indígena del resguardo embera Gitó Dokabú (al que pertenece la menor), Juan de Dios Queragama.

Entretanto, Juan Guillermo Arenas Nacavera, gobernador del Resguardo Unificado de Pueblo Rico, señaló que «la niña no caminaba bien, caminaba coja, fue remitida al centro de salud y ahí se dieron cuenta de que la violaron siete soldados».

Tras las indagaciones, los siete militares reconocieron su responsabilidad en el hecho y se enfrentan a un proceso judicial que podría dejarles una pena de 30 años de prisión.

Javier Guerrero-Rivera, docente investigador de la Universidad Libre de Bogotá, señala que en Colombia se han naturalizado los chistes o comentarios discriminatorios contra las comunidades indígenas. Se escuchan frases como «no sea indio» o «no me traiga esa india por acá».

Entonces, «a nadie le parece que hacer un chiste o un comentario de este tipo sea una práctica racista», explica el académico.

«En Colombia, los indígenas sufren el racismo todos los días, a tal punto que hay cifras de asesinatos casi cotidianos, a veces uno por día», añade Guerrero-Rivera, y comenta que esto ocurre porque «son los que lideran muchos procesos (de lucha)».

Con ello, señala que en el país sudamericano, «así como se ha naturalizado hacer un chiste o un comentario, se ha naturalizado el exterminio de las culturas indígenas o el abandono total de las culturas afrodescendientes, indígenas y campesinas».

amanecerweb

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